Los AVE Alicante-Madrid tardan 15 minutos más al perder la conexión con Atocha

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Los viajeros de la línea de AVE más utilizada de España -la que une Madrid y Alicante- tardan desde este miércoles 15 minutos al perderse el enlace con la estación de Atocha y tener que llegar y salir los trenes de Chamartín. Un cambio anunciado que ha suscitado un profundo rechazo entre usuarios e instituciones.

El Pleno de la Diputación de Alicante ha aprobado una moción presentada por Partido Popular y Ciudadanos en la que se denuncia «el agravio y la discriminación ferroviaria» que sufre la provincia de Alicante por parte del Gobierno de España y se insta, en este sentido, a ADIF a activar de forma inmediata un AVE low cost con Madrid como el que ya tienen otras provincias.

El equipo de gobierno de la institución provincial, que ha contado con el apoyo de Compromís en su propuesta -mientras que el PSOE ha votado en contra-, reclama también que se mantengan para la Alta Velocidad las paradas en Atocha.

«Está visto que los alicantinos, gracias al Gobierno de España, no tenemos derecho a disfrutar de los trenes low cost con los que ya cuentan otras provincias de España», ha indicado el portavoz de los populares, Eduardo Dolón, quien ha añadido que «el Ejecutivo de Pedro Sánchez, una vez más no toma en cuenta a la provincia de Alicante».

Asimismo, el también diputado de Presidencia y Economía ha puesto de manifiesto los perjuicios «tanto de tiempo como económicos» que para los usuarios del AVE Madrid-Alicante tendrá el cambio de estación, «una decisión que, además, restará competitividad a la Costa Blanca desde el punto de vista turístico».

Una votación en la sesión plenaria de este miércoles en la Diputación de Alicante ABC

Desde Compromís, su portavoz Gerard Fullana ha respaldado la moción suscrita por los grupos del equipo de gobierno, «ya que no acaban de mejorar las infraestructuras ferroviarias» y ha lamentado, al respecto, las carencias de transporte público dentro de la propia provincia. «Hay que apostar y poner el acento, más allá de la Alta Velocidad, en el transporte de proximidad», ha insistido.

El portavoz socialista, Toni Francés, cuyo grupo ha votado en contra, ha atribuido, por su parte, a problemas técnicos, «que el Gobierno ya está tratando de resolver», que Alicante no cuente con trenes de bajo coste.

Por su parte, el presidente provincial del PP de Alicante, Toni Pérez, ha lamentado que con los gobiernos de Ximo Puig y Pedro Sánchez «la movilidad de los alicantinos va para atrás» y ha señalado que además de una extensión en el tiempo del viaje, ahora tienen que «apearse o salir lejos del centro neurálgico de Madrid», cuando «los trayectos a la capital de España desde Alicante, Orihuela o Elche son fundamentales para los trabajadores, estudiantes alicantinos o para la economía de la provincia».

En un comunicado, el ‘popular’ ha advertido que «la discriminación también viene dada en la Alta Velocidad ‘low cost’, ya que estos trenes empezarán a salir desde Valencia y los alicantinos en ningún caso se pueden beneficiar de estos trenes por ahora, ni tampoco de los descuentos aplicados por el Gobierno para los trayectos del AVE».

«Tenemos la línea del AVE más usada», ha recalcado, para criticar el «ninguneo» en materia de movilidad y la discriminación respecto a otras provincias. «No salimos beneficiados en nada, es una barbaridad y un auténtico dislate», ha apostillado.

Incendios forestales y ahorro energético

Durante el pleno ordinario de septiembre, la Corporación provincial también ha sacado adelante el acuerdo alcanzado por los grupos PP, PSOE y Ciudadanos, al que no se ha sumado Compromís, para poner en marcha un plan de apoyo para los municipios afectados por el incendio de La Vall d’Ebo.

La vicepresidenta segunda y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, ha explicado que entre la batería de medidas hay ayudas nominativas de hasta 30.000 euros para la dinamización y promoción de las localidades y el diseño de planes específicos para recuperar la actividad turística en coordinación con la Generalitat, con la que también se colaborará en la recuperación de la cubierta vegetal de la zona.

Además, la institución provincial recogerá en su presupuesto de 2023 una partida económica de 63.000 euros para ayudar a los municipios en la redacción de los planes de prevención de incendios forestales y otra de 150.000 euros para la convocatoria dirigida a la redacción de proyectos de mejora de masas forestales. Ambas partidas se incrementarán con remanentes más adelante hasta 1.500.000 euros y 2.000.000 euros, respectivamente.

Otra de las acciones de apoyo impulsadas es el aumento, con carácter excepcional y para los municipios afectados, de la cuantía de las operaciones que concede la Caja de Crédito Provincial a corto plazo, que pasa de 100.000 a 300.000 euros. Además, Suma ofrecerá anticipos extraordinarios y concederá aplazamientos para los pagos fraccionados, al tiempo que ampliará el periodo de pago voluntario.

La adecuación de caminos para mejorar las comunicaciones de los municipios de La Vall de Laguar, La Vall d’Ebo y La Vall de Seta, para lo que se consignarán 600.000 euros en 2023, es otra de las propuestas.

Compromís, que ha presentado en solitario otra moción relativa también a los incendios forestales que no ha salido adelante, ha considerado insuficientes las partidas anunciadas por el equipo de gobierno. Fullana, y ha pedido que se incluya en el presupuesto ordinario, «ya que de otra manera el dinero no llegará a tiempo para el próximo verano».

La corporación en pleno también ha respaldado la moción presentada por el grupo del PSPV-PSOE, a la que se ha incorporado una enmienda del grupo popular -también aprobada por todos- por la que se acuerda destinar en el presupuesto de 2023 una partida para el nuevo Plan Provincial de Ahorro Energético de 200.000 euros para la redacción de proyectos y de 5 millones de los remanentes para su ejecución.

Revisión de precios en las obras públicas

Durante el pleno, el diputado de Infraestructuras y Asistencia a Municipios, Javier Gutiérrez, ha defendido la moción firmada por PP y Cs en la que se exige al Gobierno central la revisión de precios en los contratos públicos de obras. La propuesta, que ha salido adelante con el respaldo unánime de la corporación, plantea un nuevo Real-Decreto que permita a las entidades locales ajustar el coste de las obras a la realidad económica actual, con medidas que alcancen a todos los municipios y empresas contratistas.

Se pide, además, «la compensación al incremento del precio de la energía y partidas que subsanen los sobrecostes para facilitar a los ayuntamientos y diputaciones la ejecución de sus proyectos de obra revisados», ha detallado el titular de Infraestructuras.

Gutiérrez ha señalado que «tras la poca efectividad del primer Decreto-Ley del Ejecutivo, necesitamos una herramienta que permita a las administraciones locales mayor operatividad y que destine ese plus de recaudación obtenido por la inflación a aliviar a familias, empresas y entidades locales».

El diputado ha trasladado su preocupación por las consecuencias que podría tener la falta de medidas efectivas, entre ellas «obras sin ejecutar o paralizadas, empresas abocadas al cierre y una previsible avalancha de contenciosos-administrativos en los ayuntamientos». Ha criticado que desde el Gobierno central «no se tengan en cuenta los problemas de las pequeñas administraciones públicas» y ha recordado que la Diputación de Alicante «si reaccionó aprobando en julio un incremento del 14% para las obras del Plan Planifica».

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