Editorial ABC: Lesmes acusa

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El discurso del presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, en la apertura del año judicial y ante su Majestad el Rey, ha sido un punto y aparte en la historia del conflicto que el Gobierno ha provocado con el órgano de gobierno de los jueces, y que se ha extendido al Tribunal Constitucional. Lesmes describió una crisis institucional sin precedentes, propia de la ruptura de los equilibrios entre poderes del Estado causada por el intervencionismo partidista en el CGPJ, que no ha parado de aumentar desde 1985. El presidente del TS asumió con su discurso el liderazgo de una judicatura harta, que ve cómo el maltrato al CGPJ ha ido paralelo a otras embestidas, como las descalificaciones a la justicia por sus decisiones sobre la corrupción y sobre el proceso separatista en Cataluña. Incluso, criticó abiertamente el discurso gubernamental de la «desjudicialización» de la política, como si quienes se dedican al gobierno o la representación de un partido gozaran de una impunidad amenazada por los jueces y tribunales.

Este discurso de Lesmes no debe ser tomado como lamento de quien no se ve atendido en sus demandas, sino como el «yo acuso» firme y valiente de una debacle del Estado de Derecho, sin el cual, dijo Lesmes, no hay democracia. Es cierto que la falta de renovación del CGPJ, y ahora del TC, está diluida en el contexto de una crisis económica y energética que atemoriza a la mayoría de los ciudadanos. Pero esta falta de interés de la sociedad, a la que Lesmes calificó como «aletargada», agrava la quiebra institucional a la que asistimos, porque una democracia se debilita sin una opinión pública activa.

En definitiva, Lesmes reclamó una democracia militante que defienda su Justicia. El emplazamiento de Lesmes a Pedro Sánchez y a Alberto Núñez Feijóo fue acompañado de un mensaje encriptado sobre decisiones futuras que «ni quiere ni le gustan». Insinuaba así que dimitirá en próximas semanas tanto si Gobierno y PP no acceden a pactar de una vez por todas la renovación del CGPJ cuatro años tarde o, en su defecto, si el Consejo no es restituido de inmediato en sus plenas competencias. Precisamente, la ley que prohíbe al CGPJ nombrar nuevos magistrados está produciendo «efectos devastadores». Más aún, con la tardanza del TC, que no ha resuelto el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra esa ley que bloquea al CGPJ y le veta suplir vacantes.

La Unión Europea ya ha pedido que se renueve el CGPJ con el sistema actual de elección por el Congreso y el Senado y que, a continuación, se reforme ese sistema conforme a los estándares europeos, es decir, que los jueces elijan a la mayoría de los miembros del CGPJ. Es la propuesta de Feijóo al Gobierno y la que éste rechaza sin margen a la negociación. Por eso, Lesmes declaró formalmente rota la confianza en la clase política y lo ha hecho en un momento crítico para la institución que preside, tentada por dimisiones masivas que su presidente rechazó de plano, y utilizada como peón de un tablero partidista.

La crisis se agrava por el interés del Gobierno en renovar el TC a toda costa para darle la vuelta a la actual mayoría conservadora mientras condena al TS a acumular vacantes. España vive un grave conflicto derivado de la intromisión del Gobierno en el Poder Judicial y provocado por su afán de controlar el TC. Pero no hay que confundir las responsabilidades. PP y PSOE tienen una obligación por igual, sin más palabrería, sin tacticismos de partido y sin excusas. Pero objetivamente, quien más puede es quien más debe. Y ese es el Gobierno, a quien Europa demanda una solución inmediata.

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